Elecciones en México entre la militarización, el descontento social, la ira, la condena, la resistencia, el miedo y la indiferencia

Siete de junio del 2015. Con la quema de casillas electorales y papelería, por parte de padres de familia de los normalistas desaparecidos, maestros disidentes y población en general en los estados de Guerrero y Oaxaca, se llevó a cabo la jornada electoral de este siete de junio, que fue seguida del despliegue de la fuerza pública y grupos de choque de los diferentes partidos políticos, que colocaron sus intereses monetarios y de poder por encima del descontento social.

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Con la quema de casillas electorales y papelería, por parte de padres de familia de los normalistas desaparecidos, maestros disidentes y población en general en los estados de Guerrero y Oaxaca, se llevó a cabo la jornada electoral de este siete de junio, que fue seguida del despliegue de la fuerza pública y grupos de choque de los diferentes partidos políticos, que colocaron sus intereses monetarios y de poder por encima del descontento social.

En Tixtla, Guerrero, padres de familia, compañeros de los normalistas y maestros impidieron la instalación de al menos 28 casillas de un total de cincuenta. Desde hace una semana en este municipio guerrerense manifestaron que las elecciones no se llevarían a cabo mientras los normalistas continúan desaparecidos y los que buscan el poder estén vinculados al crimen organizado.

“Los partidos y sus grupos de choque y golpeadores sólo le apuestan a llegar al poder para seguir esquilmando y robando el dinero del erario público, mientras los pobres se debaten en la miseria y marginación; para seguir permitiendo que la delincuencia organizada siga matando y desapareciendo a nuestros seres queridos”, expresaron mediante un comunicado los padres de familia de los 43 futuros maestros.

La elección de alcalde en Tixtla, fue cancelada, según informó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEEG), a pesar de los grupos de choque pagados por los partidos políticos, según informaron los mismos pobladores, que desalojaron al Movimiento Popular Guerrerense (MPG), del Palacio Municipal, que fue tomado días después de la desaparición de los normalistas, donde quemaron y dañaron mantas en solidaridad con los estudiantes.

Las imágenes de los despliegues de la policía federal, estatal, municipal, ejército y marina en los estados donde se llevaron a cabo los comicios, fue una muestra de la estrategia utilizada por el gobierno, que a partir de la militarización y el uso de grupos de choque, quiso imponer la instalación de casillas electorales, ante el miedo que representa el descontento social en un contexto de violencia, inseguridad y violación a los derechos humanos en México y que se vio evidenciado con la quema de papelería electoral, bloqueos carreteros y el boicot electoral.

“El gobierno quiso legitimar a un sistema político corrupto y un modelo económico penetrados por los grupos de la delincuencia organizada consolidando el narcogobierno que desde hace años ha estado ejerciendo un narco-poder y protegiendo el interés de unos cuantos, dejando en el olvido y abandono a las comunidades más pobres y marginadas de las regiones de nuestro país”, enfatizaron las familiares de los normalistas de Ayotzinapa.

En estos comicios, cientos de personas que decidieron participar, anularon su voto con diversos mensajes de justicia y solidaridad con las luchas de los pueblos y en exigencia de la presentación con vida de los estudiantes normalistas.

En Oaxaca, se registraron diferentes acciones, principalmente en los poblados donde se encontraba la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes se negaron a la entrada de policías y militares y a la instalación de las casillas. Así mismo, quemaron boletas y papelería del INE.

El rechazo a una clase política corrupta se tomó las calles de un país militarizado, el descontento fue contundente, aunque la institución consideró que fueron unos comicios normales con algunos pequeños altercados, para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los saldos de una elección militarizada serán funestos si las autoridades civiles mantienen su postura inflexible de no permitir que la sociedad exprese su descontento y su ira por tantas atrocidades cometidas por quienes han sido elegidos en las urnas y se han transformado en los verdugos del pueblo y a quienes sólo les importa que se llevarán a cabo las elecciones sin importarles a qué costo.

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